Que la actividad sanitaria puede entrar en conflicto con bienes jurídicos individuales de la mayor trascendencia es algo que comprobamos cotidianamente. Dejando al margen supuestos extraños de agresiones dolosas contra la vida, la salud, la libertad, la integridad moral, las intervenciones que se producen en este ámbito, a pesar de su orientación eminentemente curativa, no siempre alcanzan lamentablemente el