¿Puede un país adoptar políticas públicas sin tener en cuenta si las normas en derechos humanos se está llevando a cabo? La crisis económica que hoy estamos padeciendo también está siendo una crisis de derechos humanos. Desde que comenzó la crisis, se están ayudando a los bancos con fuertes inyecciones de capital público mientras que las políticas sociales y laborales se ven mermadas, especialmente para los colectivos más vulnerables: recortes del gasto público en sanidad y educación,reducción de las pensiones, fuertes recortes en los fondos destinados a la igualdad de género o a la prevención de la pobreza y la exclusión social, etc. Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas concretas, incluidas las legislativas, administrativas y financieras, que permitan a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción disfrutar de ellos. Las normas internacionales de derechos humanos no indican de forma concisa cómo deben diseñarse o aplicarse las políticas públicas, pero especifican qué conceptos deben asegurarse para garantizar que aquellas sean compatibles con las obligaciones respectivas en materia de derechos humanos y ofrecen, además, un marco jurídico definido para la formulación y ejecución de todas ellas, incluidas la económica y la fiscal.