La viabilidad financiera de nuestro sector público depende de manera crucial no solo de qué impuestos tenemos y de cómo los regulamos, sino también de cómo los administramos. De nada sirve legislar estableciendo como objetivos, por ejemplo, la justicia o la sostenibilidad financiera si después nuestra administración no es c apaz de asegurar el cumplimiento fiscal ni puede, por tanto, obtener la recaudación de