El debido proceso se ha erigido en una exigencia constitucional y en una herramienta jurídica utilizada en todos los ámbitos de actuación de los entes estatales que, con sus decisiones, puedan afectar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Si bien, tradicionalmente, el debido proceso ha sido una exigencia de actuación legítima de los tribunales de justicia frente a los justiciables y la ciudadanía en general, con el tiempo, su campo de operación ha sido ampliada hacia la actuación administrativa, especialmente en el denominado derecho administrativo sancionador, entre otros escenarios. El libro aborda en qué consiste el debido proceso como categoría constitucional (principio constitucional y derecho fundamental) y qué componentes tiene en su aplicación al campo procesal civil y procesal penal. Por otra parte, analiza esas exigencias ius fundamentales a otros ámbitos de actuación estatal, donde pueden resultar afectados derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, como ocurre con el procedimiento administrativo sancionador y el juicio político o acusación constitucional. Asimismo, se incluye un análisis de la posible exigencia del debido proceso en instancias privadas, como lo son los procedimientos disciplinarios al interior de las empresas y ante universidades y colegios. De esta manera, el autor pretende contribuir a determinar, con un estudio teórico y dogmático, la naturaleza del término debido proceso en el derecho chileno, cuáles serían sus componentes y cómo opera en los procesos civiles y penales, en el procedimiento administrativo sancionador, en el juicio político y ante instancias privadas, como empresas, universidades y colegios.