La existencia de unos derechos supone como correlato la vigencia de garantías que los hagan efectivos. La garantía jurisdiccional de acción de protección constituye ese mecanismo ágil y efectivo de defensa de los derechos constitucionales; sin embargo, ha sido común en nuestro ordenamiento jurídico, restringir el uso y la aplicación de esta garantía. Resoluciones de la antigua Corte Suprema de Justicia, reglamentos del anterior Tribunal Constitucional y algunas disposiciones legales han servido de fundamento para impedir, en su momento, una aplicación directa y eficaz de la acción de amparo como una garantía efectiva de protección de los derechos. Así, esta investigación está orientada a identificar cuáles son aquellos criterios que fueron invocados constantemente como óbices al control de constitucionalidad vía amparo constitucional. Un acercamiento a los actos políticos o de gobierno, los actos normativos y las decisiones judiciales nos lleva a establecer nuevos parámetros acerca del control vía acción de protección. La acción de protección prevista en la Constitución ecuatoriana necesita ser regulada, pero bajo ningún aspecto restringida en desmedro de su necesaria vigencia. Es de esperar que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional vigente cumpla con ese objetivo, sin que se restrinja o limite de manera inconstitucional su ejercicio.