Se me ha dispensado el honor de presentar la obra titulada “Delito de omisión impropia y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”, de la autoría de mi colega, amiga y alumna, Dra. Erika Correa Ramos, cuyo trabajo considero altamente satisfactorio, no en concreto por lo que se dice en torno y respecto del delito de omisión, sobre lo cual es muy difícil alguna novedad después del trabajo de Armín Kaufmman en 1960 y posteriores investigaciones que dan cuenta de una bibliografía casi que incontable, donde se ha explorado el tema como obra de filigrana desde todas las perspectivas y aristas posibles, escuelas filosóficas, corrientes político-jurídicas y estudios dogmáticos y técnicos alrededor del mundo occidental tanto en Europa como en Latinoamérica. El verdadero aporte del trabajo e investigación radica en el tremendo esfuerzo de sistematizar los conocimientos de la doctrina europea con los pocos intentos de abordar el tema por la doctrina nacional y muy especialmente por el tratamiento que al mismo le ha dado la praxis jurisprudencial colombiana, misma que prácticamente callaba respecto del tema en vigencia de la Constitución Política de 1886 y del Decreto 100 de 1980, pues el estado del arte tenía como objeto algo muy primario, concretamente el inciso 2º del artículo 21 según el cual “cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no hacerlo pudiendo hacerlo, equivale a producirlo”, cláusula de transformación que no recibió mayores desarrollos y cuya expresión jurídica como son las posiciones de garantía se quedaron en la teoría formal de los deberes, afirmándose que tenían origen en la ley o en el contrato, y como mucho se inició la discusión sobre el comportamiento previo constitutivo de la injerencia.