El sector industrial constituye en torno a una tercera parte del total de la economía en el mundo occidental. Esta circunstancia, unida a las repercusiones que la industria tiene sobre valores tan esenciales en la vida contemporánea como, entre otros, la protección de la seguridad, del medio ambiente o de los consumidores y usuarios, justifica la intervención que los poderes públicos ejercen sobre este sector económico capital. Es cierto, no obstante, que, desde hace ya varias décadas, junto a la labor de estos poderes públicos se ha desarrollado una participación cada vez más intensa de los sujetos privados en las distintas esferas de la regulación de la industria. Esta obra, que constituye un verdadero Tratado de Derecho Industrial enmarcado dentro de la colección Derecho de la Regulación Económica -dirigida por el Profesor Santiago Muñoz Machado-, explica precisamente la colaboración del ámbito público y privado para intentar una permanente mejora en el funcionamiento de esta parte esencial de la esfera económica.(...)