La figura del control constitucional de las leyes implica la concurrencia de dos ramas del poder público: la legislativa y la judicial. La primera, en cabeza del Congreso, encargado de regular los derechos fundamentales mediante ley, y la segunda, en cabeza de la Corte Constitucional, encargada de controlar la constitucionalidad de dichas leyes. De esta concurrencia surgen serias implicaciones para el ejercicio del poder, la vigencia de los derechos fundamentales y la discusión democrática, las cuales deben ser objeto de estudio por la teoría constitucional. El estudio nace del interés del autor por entender las discusiones surgidas en torno a la aplicación de la figura en el Estado colombiano, suscitadas por aquellas decisiones proferidas por la Corte Constitucional que han generado controversia respecto de su legitimidad, por considerar que la decisión debía haber sido tomada de una manera democrática mediante la discusión legislativa, y no por medio de una imposición judicial.
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