Existe una inescindible relación entre el derecho y la política, la cual puede ser calificada como simbiótica y que se manifiesta en un continuo de dos vías. De un lado, a partir del sistema jurídico, entendido como las normas que determinan los procedimientos, desarrollan las instituciones y resuelven los conflictos1 , se posibilita el accionar y la configuración del régimen político de una determinada sociedad. Por otra parte, el régimen político de tal sociedad incidirá en la formación y reconfiguración del sistema jurídico y normativo que sufrirá cambios o permanecerá estable a partir del encausamiento que haya sido determinado por dicho régimen (Kelsen, 1934). A pesar de que los dos conceptos de esta relación simbiótica son muy amplios, lo que interesa, para los fines de este trabajo, es la identificación de los mecanismos por los que se facilitan los encuentros entre el derecho y la política. En los Estados contemporáneos, estos mecanismos están configurados por la vía de la determinación de procedimientos democráticos, mediante los cuales, se permite la transición o el cambio del poder político, pero mediante procedimientos y dispositivos jurídicos que hacen posible estas transformaciones. Posibilidad que a su vez es realizada en condiciones de estabilidad y sin traumatismos que deriven en choques violentos2 . Pero la ocurrencia de estas transiciones sin que se haga uso de la violencia no ha sido una constante histórica en el desarrollo de los Estados contemporáneos. La configuración de ciertos actores e instituciones ha sido una pieza clave en la transición hacia la democratización de las sociedades contemporáneas3 . Dentro de este conjunto de instituciones resulta fundamental el papel desempeñado por los órganos y autoridades electorales. Estos órganos se constituyen en un poder neutro que desde el derecho encausan la configuración política y democrática de las sociedades actuales. (Sánchez Torres, 2013).