Resulta difícil imaginar un sistema económico dinámico que se sustente sólo en operaciones al contado. Las obligaciones a plazo, así como los contratos duraderos (locación, leasing, mutuo, sociedad, etc.), constituyen medios instrumentales que permiten a las personas satisfacer necesidades primarias, así como desarrollar actividades tendientes al progreso en ámbitos diversos; el conjunto de ellas, a su vez, marcará el grado de desarrollo de la comunidad en la que se llevan a cabo. No en vano se ha enfatizado que el crédito es un verdadero motor de la economía. En ese contexto, el crédito -como contracara de la deuda merece ser tutelado. No es necesario abundar en argumentos para comprender que si esa tutela no resulta eficiente, los capitalistas -en sentido amplio- limitan su actividad hacia personas que ofrecen una ilimitada solvencia, y que por ello seguramente no necesitan de ayuda financiera. Por ese motivo, en toda contratación a plazo cobran una significativa trascendencia las garantías, ya que ellas permiten aventar el riesgo de insolvencia de los deudores. Garantías de máxima seguridad, como los derechos reales de hipoteca y de prenda, en los que la relación originaria resulta complementada por la creación de un derecho específico sobre una cosa; y garantías personales, que implican sumar otro vínculo subjetivo al elenco deudor. La fianza constituye el paradigma de esta última situación. Jorge Horacio Gosende