La Universidad pública presta sus servicios en un turbulento y cotidiano escenario de alta exigencia técnica y jurídica. De tal modo, los equipos rectorales, los miembros de sus órganos de gobierno y los diferentes responsables universitarios deben contar con políticas e instrumentos que les aporten seguridad jurídica, obteniendo al tiempo ventajas competitivas en el desarrollo de su estrategia y eficiencia en la gestión de los fondos públicos.En este marco, se presenta un Modelo de Universidad Pública basada en el funcionamiento sistematizado de sus funciones de Gobernanza, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo (GRC). Se estudian los elementos nucleares de cada función para, acto seguido, desplegar el Modelo en la práctica junto con sus herramientas esenciales. Respecto a la Gobernanza Universitaria se examinan las transformaciones necesarias en los órganos de gobierno, las políticas académicas, las posibilidades e injerencias a la autonomía universitaria, corrupción y conflictos de interés. También la transparencia, tecnología, ciberseguridad, así como las posibilidades del Big Data y del Data Science en la Universidad. En cuanto a la Gestión de Riesgos, se aborda su modelización asumiendo los principales postulados de las referencias internacionales, ("Coso Framework", "Modelo de tres líneas de defensa del IAI", "ISSAIs o la Metodología Auditora del Tribunal Europeo de Cuentas"). Con tal base, se articula el enfoque de riesgos en la Universidad y se determinan los requerimientos de una función de control interno universitario optimizada para los desafíos presentes y futuros.En relación con la función de Cumplimiento o Compliance universitaria, se plantea su necesidad para pasar de una estática observancia del principio de legalidad a una política de cumplimiento normativo proactiva y generadora de valor y seguridad jurídica. Con especial referencia a la contratación pública, se formulan puntos de control ante sus principales incumplimientos, así como un Sistema de Red Flags para la prevención y detección del fraude en la Contratación Pública basado en directrices europeas.