No es novedad que la informática y las nuevas tecnologías, a la par de ayudar a mejorar la sociedad, también han introducido ciertos riesgos para el derecho a la privacidad y el control sobre nuestros datos personales. La posibilidad de acumular gran cantidad de información y de correlacionarla entre sí permite obtener y saber mucho más del individuo, sin siquiera conocerlo, seguirlo o vigilarlo. Ya no sólo el Estado, sino también numerosas empresas privadas realizan estas prácticas. Se ha acuñado el término dataveillance (por data + surveillance, del inglés, vigilancia de datos), para denominar este nuevo fenómeno que consiste en la vigilancia mediante la recolección de datos personales'. De alguna forma todos sabemos que nuestro comportamiento y, en especial, nuestros incumplimientos quedarán registrados por cierto tiempo para que cualquiera los consulte. En el campo de la información sobre antecedentes de crédito, estos registros cumplen una función muy importante, pues sirven para transparentar el mercado y la conducta tanto presente como pasada de los individuos. Pero como no existen derechos absolutos, las normas de protección de datos personales han impuesto ciertos límites en función de otros intereses que pueden entrar en conflicto con el derecho a difundir esta información. El derecho a la protección de los datos personales es la respuesta a la acumulación y tratamiento de estos datos en archivos y ordenadores. Consiste en otorgar a los individuos una facultad de control sobre sus datos personales, por medio de reglas y principios que incluyen la calidad de ciertos datos, el consentimiento para su tratamiento, acciones judiciales, limitaciones a los bancos de datos.