La insurrección cívica del 18 de abril, 2018 en Nicaragua exigía la renuncia del dictador, Daniel Ortega. Este inició una brutal represión contra la población. Convocó a un diálogo con ciertos miembros de la empresa privada y con los obispos de Nicaragua como mediadores y testigos. Tres meses más tarde, después de que las hordas orteguistas asesinaran a casi 400 ciudadanos, Nicaragua entró escalando a la segunda fase de una insólita, aterradora crisis política, económica y social.