La constitución colombiana de 1991, y en particular la interpretación valorista que de la misma introdujo la Corte Constitucional, produjo lenta pero inexorablemente un peligroso divorcio entre una corriente de los constitucionalistas y los juristas que operan el derecho privado. Para los primeros, la ley como producto del parlamento, representante de las mayorías explotadoras, debe ser dejada de lado, en favor de los valores, derechos y principios constitucionales. Tal es la doctrina imperante en la Corte Constitucional, pues al decir de la misma, su función hermenéutica consiste en proteger a las minorías desvalidas, aplicando directamente los principios y derechos fundantes de la carta política para, en esa forma, realizar el Estado Social de Derecho y la justicia material. Se trata de una doctrina de mediados del siglo XX, que solo en la últimas décadas se ha abierto paso en Colombia.