Este estudio delimita conceptual y jurídicamente los servicios públicos y la economía popular y solidaria, abordando el alcance y efectos de la figura de delegación en la prestación de los servicios públicos hacia dicho sector. En Ecuador es jurídicamente posible que este sector económico preste servicios públicos. Lo puede hacer de manera directa en una gama de actividades, y de forma excepcional y por delegación estatal en los sectores estratégicos. De esta manera, es necesario revisar la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, las regulaciones y la política pública, a fin de que se realicen ajustes que permitan concretar la aplicación de esta posibilidad jurídica. Estas modificaciones dinamizarían la economía y generarían mejores condiciones de vida para la población. El trabajo está dirigido no solo a juristas, sino también a los involucrados en la práctica cotidiana de estas posibilidades de delegación.