Este libro no es solo uno de fiscalización, sino que intenta construir una teoría funcional que podría ser aplicable a una serie de actividades de la Administración que se realizan con fines eminentemente gestores y ejecutivos. Aborda también las garantías que el Derecho ofrece a la ciudadanía frente a la fiscalización administrativa, identificando el papel de la legalidad y la proporcionalidad en la construcción de esta potestad, a través de casos ligados a derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones o el derecho a no autoincriminarse. Se estudia con atención el acta de fiscalización. Hoy por hoy, la mayoría de los tribunales nacionales tiene a este documento como un medio probatorio de altísimo valor. Para muchos de estos —y también para la doctrina—, es un acto administrativo, con la regulación que ello trae consigo. De ahí que este sustrato de papel haya desarrollado una teoría de validez y eficacia similar a la de actos finales en un procedimiento administrativo. El autor se encarga de modular esta clásica concepción a través doctrina y casuística sobre la materia. El libro no solo propone definir la fiscalización, sino que, de manera muy escrupulosa, va diferenciando el objeto de estudio frente a otras categorías similares, tales como la vigilancia, la estadística, los registros administrativos, los censos o las propias advertencias mediante órdenes. Así, en el contenido de la obra, se plantean claramente los tintes de diferenciación que hacen de la fiscalización una noción singular y capaz de mantener una autonomía conceptual, en medio de la cada vez más compleja policía administrativa: la actividad cognoscitiva del Estado ejercida con la finalidad de prevenir o corregir, con cierta prontitud, los desórdenes de un sector regulado.