La entrada en vigor de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, ha significado la implantación de una serie de medidas dirigidas a la lucha contra el fraude tributario en una especial coyuntura económica como la actual dominada por los objetivos de consolidación fiscal. Una de las medidas de mayor trascendencia introducidas por dic ha ley es el establecimiento de la limitación de pagos en efectivo a partir de los 2.5