El presente trabajo ofrece una contribución al estudio de una parte de nuestro ordenamiento que se ha calificado por la doctrina como «tierra de nadie». El hecho de que se asociara la autonomía de los órganos constitucionales con el ejercicio de una competencia de carácter meramente administrativa y auxiliar, se ha traducido durante mucho tiempo en una falta de interés por parte de las distintas disciplinas jurídicas y, con ello, en una clara indefinición de su régimen jurídico. Los resultados del análisis aquí efectuado trascienden los planteamientos clásicos sobre esa autonomía, evidenciando con ello que el tratamiento integral de la potestad reglamentaria del TC encuentra su ubicación ideal en el Derecho constitucional. Desde ahí, la autora analiza su fundamento, su ámbito de regulación, sus límites, su carácter jurídico y, por último, las posibilidades que ofrece nuestro ordenamiento respecto a su control. En ese recorrido, tanto los estudiosos del Derecho como los litigantes ante el TC pueden encontrar algunas respuestas a los problemas teórico-prácticos que se plantean en torno a los reglamentos del Alto Tribunal.