Uno de los mayores logros de las democracias contemporáneas consiste en otorgarles a los ciudadanos mecanismos ágiles de administración de justicia, dada la lentitud del sistema judicial tradicional, lentitud que se explica por la complejidad de la sociedad actual y la gran cantidad de conflictos judiciales. Dentro de esos mecanismos de participación encontramos las denominadas acciones populares, cuya finalidad es la defensa de los intereses y derechos colectivos, y las acciones de grupo, cuya finalidad es proteger los intereses individuales de un número importante de personas que se encuentran en circunstancias de hecho similares, lo que les permite una acción conjunta, denominada como CLASS ACTIONS en el derecho anglosajón'. La Constitución Política de 1991 consagró ambas acciones, las cuales fueron desarrolladas por la Ley 472 de 1998. En los párrafos que siguen no nos proponemos efectuar una