La reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011, conjuntamente con la obligación internacional que el Estado mexicano tiene de cumplir con las condenas decretadas por la Corte Interamericana, generan un cambio de paradigmas en la forma en que los operadores jurídicos deben analizar, buscar soluciones y argumentar sobre los derechos humanos. La incorporación al máximo nivel de las normas relativas a estas prerrogativas esenciales contempladas en los tratados internacionales ratificados, la interpretación conforme, el principio pro persona, el control difuso de convencionalidad ex officio, las implicaciones de las obligaciones de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y el consecuente debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violencias, entre otros temas, propician un reto enorme que amerita una guía que permita adentrase en esta temática.