En el ordenamiento jurídico colombiano actual el derecho a la seguridad social ha recibido el tratamiento de un derecho prestacional o de segunda generación, pues así lo establece el artículo 48 de la Constitución Política de 1991. Esta posición ha ocasionado que las personas a quienes se les ha vulnerado este derecho han tenido que pedir su protección mediante el mecanismo de la tutela. Si se considera el hecho de que la seguridad social involucra garantías que constitucionalmente tienen el carácter de fundamentales (la dignidad humana, la vida, el mínimo vital) es posible deducir que el derecho a ella tendría que gozar de un rango superior al que tiene actualmente. Un argumento de esta naturaleza —el derecho a la seguridad social, un derecho fundamental—, constituye un tema central de impacto social en materia de derechos fundamentales, porque en definitiva, lo que está en juego aquí no es otra cosa que la dignidad humana, principio fundamental del orden jurídico nacional. Desde la Constitución Política de 1991 la dinámica del país ha sido de constante progreso en lo relativo a los derechos fundamentales y aun de algunos categorizados en los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), como en el caso de la salud, que inicialmente fue aceptada como derecho prestacional, para después entenderse como derecho de conexidad cuando está en peligro la vida, la calidad de vida o derechos innominados como la dignidad humana. Esta sigue siendo la tendencia predominante en algunas sentencias de la Corte Constitucional, pues esta corporación se ha manifestado en cuanto a que este derecho —la salud— es autónomo, es decir, principal, sin conexidad con ningún otro derecho. Esta decisión permite considerar la pertinencia del trabajo que aquí se propone, máxime si se tiene en cuenta, además, que algunas sentencias en materia pensional, por ejemplo, han pretendido considerar el derecho a la pensión como un derecho autónomo. Situaciones como las anteriormente señaladas dan pie a pensar la posibilidad de una fundamentación jurídica que permita que el derecho a la seguridad social sea entendido como un derecho fundamental. En este sentido, autores como Tulio Elí Chinchilla, Antonio Pérez Luño, Robert Alexy, Néstor Iván Osuna y Carlos Bernal, entre otros, ofrecen desarrollos conceptuales sólidos que serán considerados en este trabajo como herramienta primordial para fundamentar el presupuesto que se pretende adelantar en este trabajo. De igual forma se analizan sentencias de la Corte Constitucional desde el año 1992, a partir de la vigencia del ordenamiento jurídico colombiano de la Constitución de 1991, sentencias que ha venido desarrollando la Corte Constitucional respecto al derecho a la seguridad social como derecho fundamental.