No hay democracia sin política social. Los países avanzados sólo pueden considerarse como tales si sus gobernantes se esfuerzan por reducir desigualdades e injusticias, al tiempo que fomentan la participación de los ciudadanos en la cosa pública y el interés común. El ámbito público nos atañe a todos: gobiernos y ciudadanos. Nuestras prósperas economías nos permiten, y obligan, a la puesta en vigor de políticas sociales, tanto hacia nuestros propios conciudadanos como hacia el exterior, como respuesta adecuada a la definitiva mundialización económica y política. Los estados del bienestar, consolidados a lo largo del siglo XX, entran en el XXI con una experiencia y conocimientos precioso para seguir reforzando estas tendencias.