En estos trabajos se aborda especialmente el papel de los actores sociales y el proceso o la forma en que las decisiones sobre las justificaciones, clases y medidas del castigo han sido, son —y deben ser— tomadas en una democracia. Así surge la pregunta: ¿qué papel efectivamente le ha correspondido o debería corresponder a la población general y cuál a los expertos o élites penales, a la hora de pensar y definir las políticas y juicios en materia de castigo?