Las universidades públicas estatales enfrentan, tal como lo hicieron al final de la década de los sesenta, la oportunidad histórica de convertirse en las facilitadoras del nuevo pacto social. Son prácticamente las últimas instituciones que pueden unirse para reemplazar la lógica neoliberal de la competencia y el consumo, por una renovada lógica de la colaboración. Las universidades públicas del Estado son casi la única organización que aún cuenta con la legitimidad para participar en las grandes transformaciones sociales, culturales y económicas que demanda el país. Al mismo tiempo, es la única entidad que puede cumplir con su misión institucional, asegurando que todo su estudiantado, independientemente del origen sociocultural, egresen con las mismas oportunidades de éxito profesional y ciudadano.