Estanco del aguardiente en Ecuador: Represion, insurgencia y asesinatos en Zaruma, provincia de El Oro.
Reseña del libro "Estanco del aguardiente en Ecuador: Represion, insurgencia y asesinatos en Zaruma, provincia de El Oro."
En la Real Audiencia de Quito (Hoy Ecuador), para la destilación de aguardiente se necesitaba de permisos especiales. Se dispuso que la Real Hacienda sea la propietaria de la destilación, y en el afán de controlar el uso y consumo del alcohol se reglamentó aun la fabricación y expendio de la chicha de jora. Cuenta el historiador ecuatoriano González Suárez que en aquellas épocas era tan lucrativo el negocio que, sin ningún escrúpulo, hasta las comunidades religiosas destilaban aguardiente en sus haciendas de clima cálido. La Caja Real quería más rentas y por ello la destilación se la hacía por cuenta del Estado, pero además el producto se lo vendía a las tabernas establecidas por la Real Hacienda, monopolizando su comercialización que si bien aumentó sus ganancias pero ocasionó descontento en los productores de caña y más bien acrecentó el alcoholismo. El estallido social al control tuvo su detonante en la insurrección de los barrios de Quito, conocida como la Guerra de los Estancos de 1765. Algo que llama poderosamente la atención es que este sistema administrativo de los Estancos, es decir su concepción primigenia de España se mantuvo por más de 200 años en las nuevas repúblicas del continente americano. Durante la Revolución Juliana (1925) en el Ecuador habían cinco estancos: alcohol, tabaco, fósforos, sal y explosivos. Eran, en definitiva, productos "estatizados" con cuyo monopolio el Estado podía ayudarse en sus raquíticos ingresos. Los alcoholes y el tabaco estuvieron concesionados a particulares, constituyéndose para ellos en un lucrativo negocio. Fue el gobierno Juliano el que centralizó totalmente los Estancos de alcoholes y tabacos. Años más tarde, en 1930, la Legislatura expidió la Ley de Autonomía Económicas de las Municipalidades", que destinó a las municipalidades del país S/. 0,50 por cada litro de aguardiente que se consuma en la respectiva jurisdicción cantonal, lo que repercutió en el descenso sistemático de los ingresos del Estado por este rubro. Para contrarrestar las pérdidas, el Gobierno en 1931, presidido por el guayaquileño Alfredo Baquerizo Moreno, aumentó el precio de venta de los alcoholes, ocasionando a su vez la reducción de su venta legal en una cifra equivalente del 50% de la que correspondía al año anterior, y al propio tiempo el incremento del contrabando al que acudían consumidores e intermediarios...". Los sucesivos gobiernos (civiles y militares) continuaron dictando nuevas leyes sobre estancos, empeñados en seguir recaudando impuestos, a través de un estricto control en todo el territorio, aunque más significaban una carga que una fuente de ingresos, generándose más bien un proceso de resistencia y al mismo tiempo la consolidación de una casta privilegiada enquistada en la administración de Los Estancos. Durante el último período Velasquista en Ecuador se puso en vigencia la Ley de Productos Alcohólicos (11/0271971), una de las más represivas y nefastas contra el pequeño cañicultor y comerciante, mediante la cual no se permitía sembrar ni una sola planta de caña sin el conocimiento del Estanco. Las precarias herramientas de molienda eran destruidas, sus propietarios capturados y llevados amarrados como vulgares delincuentes hacia la cárcel donde permanecían meses y hasta años detenidos con juicios y sentencias de tipo penal. El control del aguardiente en los caminos de herradura de todo Ecuador se hizo más represivo y derivó en enfrentamientos desiguales, donde se mostraba el coraje de los hombres y mujeres que no se dejaron avasallar y que lucharon por sus derechos aunque esa irreverencia provocó varias muertes o asesinatos. El referente está en un punto de la geografía de la provincia de El Oro, la parroquia Curtincápac, donde sus habitantes se enfrentaron abiertamente contra el poder del Estanco del Aguardiente.
